Qué ha pasado
La Comisión Europea ha iniciado una consulta pública para revisar las Directivas europeas en materia de contratación pública, vigentes desde 2014. Esta iniciativa, abierta hasta el 26 de enero de 2026, busca recabar opiniones, datos y experiencias de todas las partes interesadas: autoridades públicas, empresas, expertos y ciudadanos. El objetivo es evaluar el impacto de la normativa actual en el mercado único y explorar posibles mejoras que respondan a los retos actuales, como la sostenibilidad, la innovación y la digitalización. Esta revisión es un paso previo a la posible reforma legislativa que actualizará el marco normativo europeo en contratación pública, con repercusiones directas en los sistemas nacionales, incluido el español.
Marco normativo
- Directivas 2014/24/UE y 2014/25/UE sobre contratación pública y contratación por entidades que operan en sectores especiales.
- Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), especialmente los artículos relativos al mercado interior y la libre competencia.
- Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (LCSP), que transpone las directivas europeas en España.
- Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre interpretación y aplicación de la normativa comunitaria en contratación pública.
- Doctrina y resoluciones del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) y del Tribunal Administrativo Central de Recursos Especiales (TACRE) en materia de contratación pública.
- Estrategias europeas recientes sobre sostenibilidad y digitalización en la contratación pública, como el Pacto Verde Europeo y la Agenda Digital.
Jurisprudencia y resoluciones relacionadas
- TJUE, 19/09/2019, asunto C-19/18: criterio sobre la evaluación de ofertas y transparencia en criterios de adjudicación.
- TACRC, resolución 15/2024, 02/03/2024: interpretación restrictiva de las modificaciones contractuales para evitar fraccionamientos.
- TACRE, resolución 08/2025, 10/02/2025: admisibilidad y alcance de la subsanación de documentos en procedimientos electrónicos.
- TJUE, 15/07/2023, asunto C-456/22: límites a la exclusión automática por falta de solvencia financiera.
- TACRC, resolución 22/2024, 12/11/2024: criterios para la valoración de ofertas en contratos con cláusulas sociales y medioambientales.
Claves prácticas para operadores
- La consulta pública es una oportunidad para que operadores jurídicos y económicos influyan en la futura normativa, aportando experiencias y propuestas concretas.
- Se prevé un refuerzo de criterios de adjudicación basados en sostenibilidad, innovación y calidad, más allá del precio.
- La solvencia técnica y financiera podría tener requisitos más flexibles para favorecer la participación de pymes y startups.
- Se anticipa una mayor regulación sobre modificaciones contractuales para evitar abusos y garantizar la competencia.
- Se espera un incremento en el uso de medios electrónicos y la digitalización de los procedimientos, con especial atención a la seguridad jurídica y la transparencia.
- La subsanación de errores formales en las ofertas podría ampliarse para facilitar la concurrencia.
- El recurso especial en materia de contratación pública podría experimentar cambios para agilizar su tramitación y mejorar la protección de los licitadores.
Riesgos y buenas prácticas
- Riesgo de incertidumbre jurídica durante el proceso de revisión y transición a la nueva normativa; es recomendable seguir de cerca las consultas y participar activamente.
- Evitar interpretaciones restrictivas que limiten la participación de pequeñas y medianas empresas, fomentando la competencia efectiva.
- Garantizar la transparencia y publicidad de los procedimientos para prevenir recursos y litigios.
- Adaptar los sistemas internos y tecnológicos para cumplir con los futuros requisitos de digitalización y trazabilidad.
- Formar a los equipos jurídicos y técnicos en los nuevos criterios y obligaciones que puedan surgir.
- Mantener un enfoque proactivo en la incorporación de criterios sociales y medioambientales en los pliegos.
Por qué importa
La revisión de la normativa europea de contratación pública representa una oportunidad crucial para modernizar y adaptar el marco legal a los desafíos actuales, como la transición ecológica, la innovación tecnológica y la recuperación económica post-pandemia. Para España y otros Estados miembros, implica anticipar cambios que impactarán en la elaboración de pliegos, la gestión de contratos y la defensa jurídica en procedimientos de contratación. Participar en la consulta pública permite a los operadores jurídicos influir en un proceso que definirá las reglas del juego para la contratación pública en la próxima década, con efectos directos en la eficiencia, transparencia y sostenibilidad del gasto público.
Fuente: Consulta pública para la revisión de la normativa europea de contratación pública
Aviso: Este artículo es informativo y no constituye asesoramiento jurídico.
