Qué ha pasado — Los hechos del caso — La Agencia Estatal Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD), organismo dependiente del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte, ha publicado en el BOE el anuncio de adjudicación de un contrato privado de menor cuantía. El objeto contractual se circunscribe estrictamente a la apertura de dos cuentas corrientes en una entidad bancaria, excluyendo al Banco de España, destinadas a la gestión de pagos justificables, anticipos de caja fija y retribuciones del personal de la Agencia. El procedimiento seguido ha sido el abierto simplificado abreviado, amparado en el artículo 159, apartada 6, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). El expediente administrativo identificativo es el número 202600000036. El acto de formalización implica que la CELAD, actuando como órgano de contratación, ha procedido a la designación de la entidad financiera mediante la activación de esta vía simplificada, evitando el procedimiento de adjudicación directa por estimar que la cuantía y la naturaleza del servicio no superan los umbrales que exigirían un concurso de selección más exhaustivo. La publicación se realiza conforme a la normativa de transparencia en la contratación pública, garantizando la publicidad del compromiso económico y la identidad del adjudicatario, aunque los detalles específicos del importe exacto de la estimación de los gastos no figuran desglosados en el resumen ejecutivo, la estructura jurídica del acto es clara: se trata de un contrato menor regulado por el régimen de simplificación administrativa, donde la libre elección por parte del órgano de contratación se ve limitada por los requisitos de independencia y solvencia de la entidad bancaria seleccionada.

El problema jurídico — Análisis de la cuestión de fondo — La cuestión nuclear reside en la correcta aplicación del artículo 159.6 de la LCSP, que permite a los órganos de contratación formalizar contratos privados con entidades de crédito para la apertura y gestión de cuentas corrientes sin necesidad de someterse a un procedimiento de adjudicación competitiva cuando la cuantía no supere los umbrales establecidos. El conflicto interpretativo habitual en esta materia no suele radicar en la validez del procedimiento per se —dado que la norma es permisiva—, sino en la correcta determinación del presupuesto base de licitación y en la exigencia de que la entidad seleccionada cumpla con los requisitos de solvencia y capacidad técnica. En este caso concreto, la CELAD debe demostrar que la elección de la entidad bancaria no vulnera el principio de igualdad de trato ni el de no discriminación, aunque la simplificación del procedimiento ampara una mayor discrecionalidad en la selección. El órgano de contratación debe acreditar que, al no existir un concurso previo, la entidad adjudicada ofrece las mejores condiciones para la gestión de fondos públicos, especialmente en lo relativo a la seguridad, agilidad en los pagos de retribuciones y cumplimiento de la normativa anti-doping, que requiere una gestión financiera ágil y transparente. La ausencia de un concurso competitivo se justifica por la naturaleza del servicio: la apertura de cuenta es un acto administrativo de gestión interna, no una concesión de servicio público complejo. Por tanto, el análisis jurídico se centra en verificar si la resolución administrativa cumple con los requisitos de motivación suficientes para exonerar la licitación competitiva, asegurando que la decisión se basa en criterios objetivos de eficiencia y adecuación a las necesidades de la Agencia.

Marco normativo aplicable al caso — El marco legal que rige la formalización de este contrato privado de cuentas corrientes se sustenta principalmente en la LCSP y en las normas complementarias de desarrollo, que establecen excepciones a la licitación pública para servicios bancarios de gestión interna.

• Artículo 159.6 LCSP: Este precepto es la piedra angular del caso. Establece la exención de procedimiento de adjudicación directa para la apertura de cuentas corrientes y la gestión de pagos, siempre que no se superen ciertos umbrales económicos. En este caso, la CELAD aplica esta exención al considerar que la gestión de las dos cuentas destinadas a anticipos y retribuciones encaja perfectamente en esta excepción legal, evitando trámites burocráticos innecesarios para servicios de bajo impacto competitivo.

• Artículo 118 LCSP (Contratos menores): Aunque la referencia principal es el art. 159, la naturaleza del contrato puede cruzarse con la regulación de los contratos menores si la cuantía total de las operaciones previstas o el presupuesto base se ajusta a los límites generales de los contratos menores. La aplicación es ortodoxa, pues el art. 159 actúa como una lex specialis para operaciones bancarias específicas, validando la no licitación.

• Principio de buena administración (Art. 3 LCSP): La selección de la entidad bancaria debe responder a criterios de eficacia, eficiencia y economía. Aunque no haya concurso, la CELAD debe justificar que la entidad elegida es idónea para gestionar fondos públicos, garantizando la disponibilidad de los medios financieros para el cumplimiento de sus fines antidopaje.

• Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común: Regula los plazos de resolución y notificación. La publicación en el BOE cumple con el requisito de publicidad, aunque la motivación interna del acto de adjudicación debe ser sólida para resistir cualquier posible recurso potestativo de reposición o reclamación económica-administrativa futura.

Jurisprudencia y resololuciones relacionadas — La jurisprudencia del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) y los tribunales ordinarios han ido perfilando los límites de la simplificación en la contratación bancaria, priorizando la transparencia sobre la mera comodidad administrativa.

• Resoluciones sobre la justificación de la no licitación: El TACRC ha reiterado que la simple mención a la exención legal no basta; el órgano de contratación debe acreditar, mediante informe o memoria, que la cuantía no supera los umbrales y que no existe un riesgo de distorsión de la competencia. En el caso de la CELAD, la formalización directa debe venir acompañada de esta justificación interna.

• Criterios de selección en cuentas bancarias: Cuando la simplificación se aplica, los criterios de selección (comisiones, plazos de domiciliación, servicios digitales) deben ser objetivos. Las resoluciones anteriores indican que, aunque no haya concurso, si hay múltiples entidades que ofrecen condiciones similares, la elección debe basarse en la eficiencia del servicio para la Administración, no en vínculos personales o políticos.

• Gestión de retribuciones: La jurisprudencia ha tratado casos donde la apertura de cuentas para el pago de sueldos de empleados públicos se cuestionaba por posibles conflictos de interés. La clave está en la independencia de la entidad y la ausencia de exclusividad abusiva. Este caso de la CELAD debe evitar caer en esa trampa asegurando que la selección se basa en la capacidad técnica para gestionar pagos masivos y seguros.

Claves prácticas para operadores — Lecciones de este caso — Para los gestores públicos y los asesores jurídicos, este caso subraya la importancia de documentar adecuadamente las decisiones de contratación simplificada, incluso cuando la ley parece conceder amplia discrecionalidad.

• Elaborar una memoria justificativa: El pliego o la instrucción del expediente debería haber incluido una memoria que detalle por qué se han elegido esas dos cuentas específicas y por qué la entidad bancaria seleccionada es la más adecuada en términos de coste y eficiencia, citando los umbrales de la LCSP.

• Verificar los umbrales económicos: Antes de formalizar, se debe confirmar que el importe estimado no supera los límites de los contratos menores o de la exención del art. 159.6. Un error en la estimación podría invalidar toda la contratación al convertirla en un contrato mayor no licitado.

• Exigir transparencia en comisiones: Aunque no hay concurso, el contrato privado debe incluir cláusulas claras sobre las comisiones bancarias. Es recomendable comparar, al menos internamente, las ofertas de varias entidades para asegurar que se obtiene la mejor relación calidad-precio, documentando esta comparación interna.

• Cláusulas de revocación: El contrato debería prever causales claras de resolución anticipada por incumplimiento o por cambio en la normativa fiscal o bancaria que afecte a la gestión de los fondos públicos, protegiendo a la CELAD de cambios bruscos por parte de la entidad.

• Seguridad de los datos: Dada la sensibilidad de los datos de las retribuciones y de los pagos relacionados con el deporte antidopaje, el contrato debe imponer estándares elevados de ciberseguridad y protección de datos al banco adjudicatario, exigiendo certificaciones específicas.

• Publicidad activa: La publicación en el BOE es obligatoria, pero se debe complementar con la información en la Plataforma de Contratación del Sector Público para asegurar la trazabilidad completa del acto administrativo y su accesibilidad a terceros interesados.

Riesgos y buenas prácticas — Errores a evitar — La simplificación no es sinónimo de falta de rigor. Los errores en la formalización de estos contratos pueden derivar en responsabilidades patrimoniales o en la invalidación del acto.

• Confundir la exención con la ausencia de motivación: El error más común es acreditar únicamente la referencia al art. 159.6 sin explicar los criterios técnicos. Esto debe evitarse; la motivación debe ser técnica y económica, no solo legal.

• No delimitar el alcance de la cuenta: Si se confunden las cuentas destinadas a anticipos de caja fija con las de operaciones ordinarias, se puede generar una mezcla de fondos que complique la auditoría. Es crucial que los pliegos o memorias delibiden claramente el uso exclusivo de cada cuenta.

• Ignorar las condiciones de mercado: Seleccionar una entidad bancaria sin realizar una mínima consulta de precios puede ser interpretado como una falta de diligencia del funcionario. Aunque no haya concurso, se debe demostrar que se buscó la mejor oferta disponible en el mercado.

• Olvidar la actualización de las condiciones bancarias: Los contratos bancarios suelen tener condiciones generales que pueden cambiar unilateralmente. El error consiste no incluir cláusulas de revisión o denuncia que permitan a la CELAD salir del contrato si las condiciones se deterioran.

Valoración crítica — Por qué importa este caso — La resolución de la CELAD mediante la vía del art. 159.6 LCSP no es solo un trámite administrativo de menor relevancia; es un ejemplo paradigmático de cómo la administración pública puede y debe optimizar recursos mediante la simplificación racional, pero sin perder de vista los principios de integridad y eficiencia. La decisión es acertada en el sentido de que evita la burocratización excesiva de una operación financiera básica, lo cual es coherente con la tendencia legislativa reciente de la LCSP hacia la agilidad administrativa en contratos de baja complejidad. Sin embargo, este caso ilustra la necesidad crítica de una cultura de la “motivación interna robusta”. No basta con que la ley lo permita; el gestor público debe ser capaz de demostrar, ante una eventual revisión, que su elección fue la más eficiente. Las alternativas interpretativas, como someter el acto a una licitación simplificada competitiva, eran posibles, pero el órgano ha elegido la vía más ágil, lo cual es razonable si la cuantía es baja y los servicios estándar. A medio plazo, esta práctica debe generalizarse con estándares de documentación claros para evitar la impunidad administrativa bajo el paraguas de la simplificación. Conectar con la política legislativa, la LCSP busca equilibrar la defensa de la competencia con la eficacia de la acción administrativa; este caso muestra que el equilibrio se mantiene cuando la documentación es impecable. Por tanto, la lección fundamental es que la simplicidad del procedimiento no debe traducirse en la simplicidad de la justificación; la trazabilidad es la mejor garantía contra la corrupción y el mal uso de los fondos públicos.

Fuente: Anuncio de formalización de contratos del BOE

Aviso: Este artículo tiene carácter informativo y no constituye asesoramiento jurídico específico. Ante situaciones concretas, se recomienda consultar con un profesional especializado.