📋 ## Qué ha pasado
La Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunitat Valenciana ha formalizado un contrato para reparar la inestabilidad detectada en el revestimiento del hastial izquierdo del tubo 2 del túnel de l’Olleria, situado en la autovía A-7, punto kilométrico 408+380, en la provincia de Valencia. La actuación, identificada como 52-V-260020, se tramita mediante el expediente EC-V-26011-L2bis.
La contratista es GEOTUNEL, S.L., por un importe de 1.032.744,48 euros y con una baja ofertada del 7,5 %. El anuncio de formalización se publicó el 16 de noviembre de 2026 y presenta la intervención como respuesta a una situación de grave peligro. Se trata de publicidad contractual, no de una resolución de recurso: el anuncio comunica la contratación realizada, sin dirimir una impugnación entre licitadores.
## El problema jurídico en síntesis
La cuestión decisiva es qué permite hacer la emergencia y qué sigue exigiendo justificar. El artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público habilita una respuesta excepcional cuando la Administración debe actuar inmediatamente ante un peligro grave. La inestabilidad del revestimiento de un túnel en servicio ofrece una razón concreta para intervenir sin esperar los tiempos ordinarios de contratación.
Ahora bien, la gravedad del riesgo no convierte toda obra relacionada con el túnel en una actuación de emergencia. La motivación del expediente debe conectar el peligro detectado con las reparaciones imprescindibles para eliminarlo. También importa distinguir figuras que cumplen funciones diferentes: la tramitación de emergencia, la urgencia y el procedimiento negociado sin publicidad tienen presupuestos y efectos propios. Mencionarlas conjuntamente no sustituye la justificación de cada decisión adoptada.
## Claves del caso
Para la Administración, la prioridad práctica es acreditar técnicamente la inestabilidad, delimitar la intervención necesaria y documentar por qué su ejecución no podía esperar. Para el control posterior, resultan especialmente relevantes la correspondencia entre ese riesgo y las obras contratadas, la razonabilidad del precio y la trazabilidad de la elección de contratista. La baja del 7,5 % es un dato económico pertinente, pero por sí sola no demuestra que el alcance de la emergencia estuviera bien delimitado.
El emplazamiento refuerza la dimensión territorial del expediente: la reparación afecta a una infraestructura estatal de la A-7 en Valencia. Precisamente por ello, la rapidez exigida para proteger a quienes utilizan el túnel debe ir acompañada de una documentación capaz de explicar, una vez formalizado el contrato, por qué se contrató esa obra, con ese alcance y por ese importe.
Fuente: Anuncio de formalización publicado en el BOE
Aviso: Este artículo tiene carácter informativo y no constituye asesoramiento jurídico específico. Ante situaciones concretas, se recomienda consultar con un profesional especializado.